La dictadura de 1976 y un despliegue de detenciones, desapariciones y torturas.
En la situación previa a este proceso vimos como el gobierno de Isabel Martinez de Perón fue perdiendo poder y como los intentos de evitar un golpe militar fueron en vano. Durante aquel gobierno se pensó realizar un juicio político contra la presidente, se intentó crear un gobierno que contara con la presencia de los militares y también se pensó adelantar las elecciones para evitar la caída de la democracia que finalmente fue reemplazada por la más sangrienta dictadura militar de la historia argentina el 24 de marzo de 1976.
Los militares en el poder
Los Comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Aeronáutica, Videla, Massera y Agostí respectivamente, sostenían que su llegada al poder respondía a la inquietud de ciertos sectores de la sociedad que padecían la corrupción, el desgobierno y la subversión durante el mandato de Isabel Perón. Según la Junta Militar, el gobierno de Isabel Perón había generado un quiebre total del orden, que amenazaba el funcionamiento del Estado y de toda la vida social provocando que algunos sectores reclamarán el restablecimiento de la normalidad y que se ponga fin a una situación fuera de control. Algunos grandes grupos económicos locales e internacionales deseaban contar con las condiciones políticas y sociales para la prosperidad de sus negocios y requerían tanto de un gobierno que favoreciera sus actividades como de una sociedad silenciada que no pudiera manifestar su inconformidad ante medidas que la perjudicaban. Los grupos despolitizados y consumistas del sector de las clases medias también se veían agredidos por la violencia creciente y el vacío de poder, que convivían durante el gobierno de Isabel Perón. Este sector social rechazaba los propósitos revolucionarios de los grupos guerrilleros y las medidas del gobierno peronista por lo que también recibieron con agrado a un gobierno militar que prometía devolverles la paz.
El golpe del 24 de marzo de 1976 clausuró el Congreso de la Nación, depuró la justicia y prohibió la actividad de los partidos políticos. La Junta Militar designó como nuevo presidente a Jorge Rafael Videla que aseguraba el funcionamiento del Estado a través de las normas que estaban contenidas en el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y varias actas institucionales complementarias.
La cuestión interna del país se entiende desde una visión internacional que estaba atravesada por el agotamiento del modelo de acumulación del capitalismo keynesiano que estaba sumergida en un ciclo de distintas crisis como la del dólar en 1971, la crisis del petróleo 1973, el estancamiento posterior de la URSS y la derrota o caída de las revoluciones socialistas anticapitalista e imperialistas. A raíz de este ciclo de crisis se empezó a generar una serie de transformaciones tecnológicas (post fordismo y taylorismo) y productivas conocidas como la globalización. Surgió así, a nivel mundial, una nueva hegemonía conservadora neoliberal que planteaba un nuevo retorno al mercado como la única fuerza reguladora de la economía. Entonces, se puede decir que la dictadura argentina era una especie de adaptación sangrienta de esta nueva fase mundial.
Esa adaptación nacional requería tres condiciones fundamentales: que el reordenamiento general de la economía Argentina este en las manos del sector agro industrial y del capitalismo financiero; había que poner en suspenso el orden democrático dado que ese proyecto de economía no contaría con apoyo social por lo cual sólo podía llevarse a cabo por un golpe de fuerza; y por último, había que derrotar finalmente al movimiento social que había ganado poder con el Córdobazo y, aunque en los 70 ya no contaba con su poderío inicial, era necesario para el proyecto económico que no quedara rastro alguno de su personalidad por lo cual había que realizar un disciplinamiento y una reestructuración del orden social. En resumidas palabras, se trataba de establecer un régimen autoritario para terminar con los conflictos sociales impidiendo la protesta de los sectores perjudicados para aplicar una política económica favorable a grupos minoritarios y muy poderosos.
El Plan Cóndor
Este plan era un sistema de presión entre los países del Cono Sur en combinación con el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA, por su sigla en inglés). Estos servicios de inteligencia intercambiaron información sobre opositores políticos y se ocuparon de detectar, vigilar, detener y ejecutar a activistas y políticos refugiados en este territorio. El objetivo en conjunto era perseguir al comunismo e instaurar políticas neoliberales en la región. Entonces, durante la década del 70 se produjeron golpes de estados en varios países de América latina que estuvieron guiados y apoyados por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense. Esa doctrina sostenía la idea “del enemigo interno” ya que los norteamericanos creían que una vez instaurada la Guerra Fría dentro de su país podría existir cualquier infiltrado con ideas comunistas que pudiera poner en juego la seguridad del país. Esa idea se expandió de forma nacional e internacional en el territorio sudamericano. De esa manera surgieron dictaduras en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay donde se cometieron severas violaciones de los derechos humanos.
Primeras medidas antidemocráticas
La Junta Militar sustituyó de sus cargos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, intervino la CGT y la CGE, provocó el cierre de cinco partidos de extrema izquierda, detuvo y envió a la cárcel a Isabel Perón, a políticos y a sindicalistas del gobierno anterior y suspendió el derecho a huelga. También clausuró el Poder Legislativo, buscaba reescribir la Constitución Nacional para implementar una ley que permitiera depurar a empleados públicos y privados, creó un Estatuto que contemplaba la creación de un nuevo código penal que incluía la pena de muerte y paralelamente, la junta eligió a un representante para el cargo del Poder Ejecutivo que contó con privilegios legislativos y también la junta designó a los jueces de la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación y a los Fiscales de Investigaciónes Administrativas.
A la hora de hablar sobre las maniobras de terrorismo de estado “contra la lucha antisubversiva”, cada fuerza armada parecía trabajar de forma independiente en una zona estratégica con la ayuda operativa de la Policía Federal y Provincial, fuerzas parapoliciales de la extrema derecha (La Triple A) y los servicios de información del Estado. La dictadura implementó el lema de “el enemigo interno” propuesto por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a partir de esta idea fomentó la lucha contra el flagelo subversivo a través del terrorismo de Estado. Entonces, fueron esas fuerzas armadas al mando del país quienes, en lugar de asegurar las garantías constitucionales, emprendieron una lucha sistemática de represión a su propia población con un doble objetivo. Por un lado la dictadura buscaba aniquilar a los movimientos sociales y políticos revolucionarios, y por el otro lado, quería imponer un disciplinamiento social mediante el terror para asegurarse que no volviera a producirse una resistencia. Los objetivos tenían una fase clandestina con cientos de grupos de tareas y con más de 300 centros clandestinos en donde se secuestraba, torturaba, detenía y ejecutada personas y, como si todo eso no fuera poco, también las Fuerzas Armadas le robaban los bebés recién nacidos a las mujeres que daban a luz en esos centros clandestinos y los entregaban o vendían a otras familias. La mayoría de los detenidos tenían entre 15 y 30 años de edad, algunos pertenecían a las organizaciones armadas o eran estudiantes, militantes, gremialistas, políticos, intelectuales, abogados o periodistas. Además, la dictadura contaba con una fase legal en donde se gestionan mecanismos de coerción pública para lograr generar el exilio de ciertos individuos o buscaban generar detenciones a disposición de la justicia y toda esta estrategia contaba con el apoyo de algunos sectores civiles como: empresarios, sacerdotes, curas, médicos, abogados, jueces etc.
La dictadura y el apoyo de grupos civiles
Como hemos visto a lo largo de la historia, las dictaduras contaron con el apoyo de sectores importantes de la población y la de 1976 no fue la excepción. Varios de los grandes grupos empresarios nacionales y multinacionales mantuvieron estrechos lazos con el aparato represivo de la dictadura. Los empresarios buscaban eliminar de sus empresas a los activistas sindicales que desplegaban, según los empresarios, una “guerrilla industrial” que les impedía facturar como deseaban. Tanto en el Gran Buenos como en la periferia de Córdoba, las grandes plantas automotrices tenían dentro de sus instalaciones personal de los servicios de inteligencia quienes enviaban a secuestrar o hacían desaparecer a los delegados de la fábrica que consideraban problemáticos. Por su parte, la siderúrgica ACINDAR tenía como integrantes dentro de su directorio a oficiales superiores de las fuerzas Armadas y la empresa Lomas Negra de Olavarría fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por entregar a las Fuerzas Armadas legajos de delegados fabriles para facilitarle su ubicación. En el ámbito rural, algunas grandes empresas tenían policías privados que articulaban su acción con el aparato represivo de la Junta Militar, siendo un claro ejemplo de eso lo que ocurrió en la empresa azucarera Ledesma que le prestó sus instalaciones de Jujuy a la gendarmería para que eliminara a los “revolucionarios”.
Además de contar con el apoyo de grandes empresarios, la Junta Militar fue respaldada por un sector del periodismo. Algunos programas de radio y televisión se dedicaron a instalar el eslogan conocido como “anti Argentina”, para hablar sobre las denuncias que realizaban las asociaciones de Derechos Humanos en el exterior. La realización del Mundial de fútbol en 1978 fue la oportunidad para que algunos medios intensifiquen sus mensajes de apoyo a la dictadura llamando a la población a defender al gobierno contra las mentiras y enemigos extranjeros. La dictadura también contó con el apoyo de la prensa escrita siendo un claro ejemplo de eso la columna de política de la revista “Convicción” que era dirigida por el periodista Bernardo Neustadt y subvencionada por la Marina. Otro ejemplo de la prensa escrita que apoyó a la dictadura fue el diario “La Razón” dirigido por Félix Laiño y el sector de la inteligencia del ejército que trabajó a favor de la Junta Militar desde antes de que se produzca el golpe de estado. También la dictadura contaba con la ayuda de la editorial “Atlántica”, que a través de su revista “Gente” publicaba extensas cartas abiertas a los gobiernos extranjeros para que aceptaran la lucha contra la “subversión” que desempeñaba la Junta Militar.
La resistencia obrera y los movimientos de Derechos Humanos
Los enfrentamientos entre los obreros y la dictadura se repetía una vez más como se venía dando desde 1955, aunque en esta ocasión la represión se plasmó como el terrorismo brutal que ejerció la dictadura. El proyecto económico desarrollado durante la dictadura afectó especialmente a los asalariados ya que la actividad gremial fue suspendida, los sindicatos intervenidos militarmente, la CGT no fue reconocida y se anuló el derecho a huelga. Los dirigentes más relacionados con el anterior gobierno junto a militantes y activistas de los sectores más radicalizados fueron reprimidos con extrema dureza que terminó con el secuestro y desaparición de la mayoría de ellos. El propósito de la dictadura era debilitar la capacidad de presión y negociación que los trabajadores habían mantenido hasta 1976. El 60% de los trabajadores del movimiento obrero fueron secuestrados de los cuales muchos siguen hoy desaparecidos, por lo cual la resistencia continuó representada por las bases con algunas huelgas que ya no eran tan fuertes como las de los inicios de la “nueva izquierda”, por lo que implementaron también el sabotaje y el trabajo a desgano. Por esta razón la CGT se dividió en la CGT “azopardo” de Jorge Triaca que apoyó a los militares y la Comisión de los 25 representada por el cervecero Ubaldini. En abril de 1979, los gremios convocaron a un paro general que terminó con la detención de la mayoría de los dirigentes que encabezaron el acto y a fines de 1980, la CGT volvió a unirse eligiendo como Secretario General al cervecero Ubaldini. Al año siguiente la central obrera realizó otro paro general y hacia fin de año una marcha a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo con la consigna “paz y trabajo”. El 29 de marzo de 1982 la central obrera convocó a una movilización a la plaza de Mayo que fue duramente reprimida por las autoridades militares, pero la lucha sindical no se detuvo e implementó marchas y paros que fueron apoyados por sectores de la sociedad.
La organización no gubernamental Abuelas de Plaza de Mayo fue creada en 1977 con el objetivo de localizar a los niños desaparecidos por la última dictadura y restituirlos con sus legítimas familias. Las Abuelas se acercaban a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, etc. para saber sobre el paradero de sus nietos, también investigaban las adopciones de la época porque dentro de los juzgados trabajaban militares o civiles que apoyaban al gobierno de facto que impedían que la búsqueda de abuelas avanzara. Desde los comienzos del gobierno de facto, la familias de los desaparecidos y un grupo de periodistas denunciaban estas prácticas ilegales. El periodista Rodolfo Walsh, en su publicación “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, detalla lo que iba ocurriendo desde los comienzos de la dictadura. “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”, escribió Walsh a un año del comienzo del gobierno de facto. El periodista y escritor repartió varias copias de su publicación a distintos medios de comunicación quienes por miedo o complicidad hacia la Junta Militar no publicaron el artículo. El 25 de marzo de 1977, un día después de que Walsh hiciera circular su escrito fue asesinado por la dictadura pero su carta finalmente saldría a la luz para visibilizar la situación. Así mismo, el diario porteño Buenos Aires Herald que había nacido en 1876 para informar a la comunidad británica en Argentina, fue el único periódico que se animó a denunciar el terrorismo de Estado. Su director, Robert Cox y el periodista, James Neilson publicaban diferentes notas con las noticias que los medios locales no contaban y fueron de gran ayuda para que los hechos empezaran a ser difundidos a nivel internacional. Gracias a la lucha de las las Abuelas, estos periodistas y diversas agrupaciones, el presidente Carter de Estados Unidos denunciaba las violaciones y la Comisión interamericana de los Derechos Humanos generó denuncias y un proceso de investigación que los militares en 1978 taparon con la realización del mundial de fútbol con el slogan “los argentinos derechos y humanos”.
Aquí pueden leer la Carta Abierta de Rodolfo Walsh para que tengan muchos más datos de lo que sucedió durante la dictadura.
La economía de la dictadura
Una de las consignas más importantes de este periodo era “reemplazar la dirección del Estado por las fuerzas del mercado”, es decir que se quería terminar con el Estado dirigista e intervencionista que se desarrolló en la etapa del primer peronismo. Lo que pretendía la dictadura era volver al modelo agroexportador con el objetivo de exportar soja hacia el mercado soviético que demandaba ese producto en grandes cantidades. Estas intenciones generaron una transferencia de ingresos desde los asalariados y algunas industrias del mercado internista hacia el sector agro exportador y al sector financiero por lo que la industria dejó de ser el eje dinamizador de la economía.
Desde el Ministerio de Economía comandado por José Alfredo Martínez de Hoz entre 1976 y 1981, la dictadura tenía objetivos explícitos y objetivos reales.
Objetivos explícitos
Con su slogan de terminar con el flagelo internacional, Martinez de Hoz proponía, dentro de sus intenciones, alcanzar “una industria eficiente” por medio de: 1) tasas reales positivas que, por un lado fomenten el ahorro y, por el otro que los préstamos fuesen destinados a las industrias eficientes por el elevado interés, 2) Abrir el mercado quitando aranceles aduaneros para fomentar una competencia entre productos nacionales e importados que lograrían a través de la suba de la oferta de productos en el mercado, la baja de los precios, y todo ese proceso controlaría la inflación. 3) un programa de devaluación a tasa descendente establecida con seis meses de anticipación se buscaba que la inflación local siga a la inflación del dólar esto quiere decir que el ministro buscaba un tipo de cambio fijo.
Objetivos reales
La dictadura buscaba desindustrializar el mercado interno nacional, es decir, se propuso destruir el viejo sistema desarrollado durante los primeros gobiernos peronistas que se fue cambiando con los años pero que todavía estaba en vigencia. Las principales industrias nacionales eran consideradas por la dictadura como una amenaza al estimar que dentro de ellas estaban los empresarios y sindicatos más ligados al desarrollismo productivo nacionalista.
Debido a la apertura de la economía, a las tasas de interés altas y el dólar más barato gracias a que su devaluación iba por detrás de la inflación, las industrias locales sufrieron la competencia de una enorme cantidad de productos importados de muy bajo precio provocando la privatización de algunos sectores de la fábrica conocido como “privatizaciones periféricas“. De forma paralela, la Junta Militar emprendió un operativo dentro de las empresas estatales de servicios públicos sumergiéndolas en una política de corrupción y destrucción para que sean mal vistas por la población y así también someterlas a “privatizaciones periféricas” adjudicando diversos aspectos de estos servicios a contratistas. La búsqueda de esa “industria eficiente” que pretendía el ministro de Economía demostró que sólo sobrevivirían aquellas actividades que pudieran resistir la competencia internacional.
Las empresas extranjeras llevan adelante lo que se conoce como bicicleta financiera: invertían pesos y compraban baratos los dólares para luego llevárselos a sus empresas madre en el exterior. Hay que destacar que esos pesos NO eran de las empresas, sino que los obtenían de los ahorristas a través de supuestos intereses altos que iban a pagar. Después de enviar los dólares a las empresas madre en el extranjero, las empresas instaladas acá le pedían “préstamos” a las empresas madre que introducían al país como capitales extranjeros.
Conclusión
La industria no se volvió eficiente ni se modernizó, sino que se achicó y no fue competitiva. Todo eso produjo salarios reducidos en un 40% más desocupación y el aumento del trabajo informal. También, este modelo produjo más inflación y más endeudamiento externo ya que la deuda pública pasó de US 9.700 millones en 1976 a U$45.100 millones hacia el fin de la dictadura en 1983. Martinez de Hoz fue procesado por defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa iniciada por el periodista Alejandro Olmos en 1982, pero fue sobreseído definitivamente en 2000 por prescripción de la acción penal.
La guerra de Malvinas
Las Islas Malvinas fueron ocupadas por británicos en 1830 y desde entonces los gobiernos nacionales reclaman permanentemente. En 1965 la cuestión fue tratada en las Naciones Unidas donde se dispuso que los dos países negociaran, pero las reuniones nunca avanzaban lo suficiente.
En la primera etapa del gobierno militar, la Junta decidió retomar el diálogo con Gran Bretaña sobre la cuestión Malvina. Existieron varias reuniones secretas pero las negociaciones oficiales comenzaron en Roma a mediados de julio de 1977 hasta febrero de 1982, 30 días antes de la invasión. En esas reuniones ambas partes pretendían hallar una solución de soberanía por lo que se buscaba crear una comisión negociadora para lograr mayores entendimientos. El gobierno de la dictadura encontró en está dispuesta una vía para retomar el orden autoritario mediante la retórica nacionalista y sumergió así a la Argentina en la única guerra de la modernidad en la que el país fue protagonista. La madrugada del 2 de abril de 1982, los 23.428 combatientes de las tropas de las Fuerzas Armadas desembarcaron en las Islas Malvinas y la Junta militar, a través de los medios de comunicación, desarrolló una propaganda oficial para generar una efervescencia social que el mismo día se agolpó en la Plaza de Mayo apoyando la decisión del gobierno de facto. Salvo el Movimiento de Integración y Desarrollo, todos los partidos políticos apoyaron la guerra y a nivel internacional, el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan se comunicó para convencer al presidente Galtieri de que buscara otra alternativa y le aseguró que apoyaría a Gran Bretaña si mantenía la decisión de continuar con la guerra.
La respuesta de la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, fue enviar la más grande flota de guerra creada por Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial por lo que el 5 de abril, partieron desde Inglaterra hacia el Atlántico Sur más de cien embarcaciones encabezadas por los portaaviones Invincible y Hermes, incluyendo helicópteros, aviones de despegue vertical, equipamiento de detección electrónica y armamento sofisticado.
A partir de mayo, la flota inglesa se hizo sentir en Malvinas, por ejemplo cuando ocasionaron serios daños en la pista del aeropuerto de Puerto Argentino a través de tres ataques por parte de sus aviones. Asimismo, el Crucero General Belgrano fue hundido en manos de un submarino inglés dejando un saldo de más de 300 muertos.
Durante mayo y principios de junio, la escalada bélica iba en ascenso y la resistencia Argentina se hacía cada vez más débil dado que los jóvenes que habían sido enviados a la guerra no contaban con un armamento moderno, ni con la ropa adecuada para estar en esa zona del país y su alimentación era deplorable. Así el 14 de junio, tras varios combates, las fuerzas inglesas lograron la rendición del jefe del Comando Conjunto, el General Menéndez que firmaba la derrota argentina. Esta guerra dejó 649 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses muertos y algunos de los soldados que volvieron al país se quitaron la vida o viven bajo tratamiento psicológico.
Además, la derrota profundizó la crisis interna de la dictadura militar. Los generales exigieron la renuncia de Galtieri y en una elección realizada sólo por el Ejército designaron al general Reynaldo Bignone, ya que la Marina y la Aeronáutica se habían retirado de la Junta Militar. Posteriormente, los comandantes de estas dos armas se reintegraron a la Junta.
Los partidos políticos y la dictadura
Entre 1976 y 1981 en mundo de los partidos políticos estuvo articulado por inhabilitaciones por la presión y persecución de la dictadura pero también por el desprendimiento de algunos militantes en búsqueda de acercarse a la Junta Militar.
El Peronismo sufrió encarcelamientos debido a que algunos dirigentes fueron acusados de corrupción, mientras que otros veteranos dirigentes se vieron paralizados por la presión del gobierno de facto.
Dentro del radicalismo, Balbín dispuso de un margen de maniobra hasta su muerte en 1981 ya que el líder radical aceptó el golpe dado que creía que se trataba de una intervención militar temporaria cuyo objetivo era regularizar la democracia, mientras que la otra parte del radicalismo que estaba encabezando por Alfonsín empezó a bajar el nivel de disidencia frente a Balbín. Paralelamente algunos militantes de distintos partidos pertenecientes al peronismo, el radicalismo y partidos minoritarios o provinciales decidieron entablar relaciones con el gobierno militar y comenzaron participar en el gobierno.
Con la llegada al poder de Roberto Eduardo Viola en marzo de 1981, el radicalismo analizó las posibilidades y en junio lanzó una convocatoria a todos los sectores políticos y sociales para elaborar una estrategia que permitiera la institucionalización democrática del país. Gracias a esa iniciativa nació la denominada Asamblea Multipartidaria que estaba integrada por tres representantes del radicalismo, el peronismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente que reclamaron la vuelta del Estado derecho en el marco del pluralismo democrático. En septiembre del ‘81 la Multipartidaria perdió a uno de sus líderes tras la muerte de Balbín, lo que llevó a que el radicalismo se fue desplazando hacia las ideas de una de sus ramas encabezada por Alfonsín, por lo que en el radicalismo, comenzó a predominar un discurso político más definido y radicalizado. El Movimiento de Renovación y Cambio (MRC) de Alfonsín, se enfrentaba a las Fuerzas Armadas acusándolas de estar aliadas con las minorías y el gran capitalismo internacional. También, el MRC tenía como objetivo desplazar al peronismo y ganar espacios en el sistema político ya que sostenía que el populismo peronista se había quedado a mitad de camino en cuanto a las transformaciones sociales que había impulsado en el país.
En febrero de 1982 Galtieri proponía la formación de un partido oficial que fuese el partido heredero del régimen, pero la idea se vio frustrada con la finalización de la guerra de Malvinas y la gran crisis económica que había aumentado el malestar de los trabajadores. Esta base hacía que los discursos del peronismo y del radicalismo se acrecentaran y que la Junta vaya perdiendo protagonismo, es por eso que el 1 de julio de 1982, el gobierno permitió las actividades político-partidarias gracias a lo que el 17 de julio el acto del MRC pudo reunir a 3.000 radicales para escuchar a Alfonsín. Dos meses más tarde, la Multipartidaria convocó a la primera movilización política contra el régimen ya que no aceptaba las condiciones que proponía la dictadura para llegar a las elecciones. El accionar político se proyectó despacio y progresivamente dado que sus miembros no se enfrentaron a la dictadura como sí lo hacía parte de la sociedad desde los comienzos del gobierno de facto.
El fin de la dictadura
Las bases obreras junto con parte de la sociedad y las organizaciones de Derechos Humanos fueron quienes desde los principios del gobierno de facto se enfrentaron a la dictadura militar. Hemos visto cómo las Madres de plaza de Mayo cada jueves rodeaban la plaza frente a la Casa Rosada en búsqueda del paradero de sus hijos, también vimos cómo la crisis de Martínez de Hoz generó diversas movilizaciones de sectores auto movilizados desde las bases obreras. En 1981 la CGT Brasil organizó un paro con la consigna “Paz, Pan y Trabajo”, y una vez terminada la guerra de Malvinas, la Multipartidaria, las organizaciones de Derechos Humanos y la CGT generaban paros y marchas constantes contra el gobierno. Las Fuerzas Armadas contestaron con un folleto que decía que en “la guerra contra la subversión y el terrorismo sólo Dios y la historia podían juzgar su accionar”.
Si bien el domingo 3 de octubre de 1983 se presentaron nuevas fórmulas presidenciales, la gran polarización política enfrentó una vez más a la Unión Cívica Radical y al Partido justicialista que dio como resultado la vuelta a la democracia de la mano del líder radical Raúl Alfonsín con el 51,76% de los votos frente a el 40,16% de los votos de la fórmula del peronismo encabezada por Ítalo Luder.
Bibliografía recomendada
Rapoport, Mario Daniel (2020). Historia económica, política y social de la Argentina - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Crítica.
Recalde, Héctor Eleodoro (2010). La Argentina: de la Revolución de Mayo al Bicentenario - 3a ed. Buenos Aires: Del Aula Taller.